La salud de las mujeres está en riesgo

El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, que funciona desde el año 2003, en el marco de la Ley Nacional 25.673/2003, que tiene como misión promover la igualdad de derechos, la equidad y la justicia social, así como contribuir a mejorar la estructura de oportunidades para el acceso a una atención integral de la salud sexual y reproductiva;  desde hace un año no funciona con la fluidez y la eficacia que se necesita. A lo largo de estos primeros meses de gobierno, el PRO lo ha ido vaciando, desarticulando, restringiendo su personal y recursos.
El programa, que se propone alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación o violencia, disminuir la morbimortalidad materno infantil, prevenir embarazos no deseados y promover la salud sexual de las y los adolescentes, entre otros objetivos, tampoco está funcionando en nuestra ciudad.

En una reciente publicación en su página de Facebook, la Mesa Interorgánica de Géneros, conformada por diferentes organizaciones políticas que trabajan en esta temática,  se manifestó alarmada por “el paupérrimo funcionamiento que el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable tiene en nuestra ciudad”.
Los Centros de Atención Primaria locales cuentan hoy con algo de recursos porque hubo una compra en Provincia y se proveyó a los diferentes municipios, pero hacía varios meses que no había preservativos y métodos anticonceptivos y tampoco se gestionaban.
“¿Qué pasará con nuestra salud sexual cuando estos recursos se terminen?...”, se preguntan desde la Mesa de Géneros.
Por otro lado, denuncian que se están realizando prácticas que están fuera de la ley, exponiendo a las mujeres “a una relación de poder desigual, subordinado y legitimado socialmente” que las pone frente al personal de salud en desigualdad de condiciones. “Se les pide orden médica para entregar anticonceptivos o pastillas del Día Después, se le pide orden médica para colocarse alguna inyección anticonceptiva”, sostienen, con el agravante de que  la atención de algunxs médicxs de los Centros de Salud no es la adecuada. “…muchxs de ellxs no las quieren atender, o atienden mal, no explican, sumando conflictiva a algo que ya es muy grave”, afirman.
La salud sexual es decisiva para que las personas puedan llevar una vida íntegra y sin riesgos. Por esto, es muy importante que en los espacios de salud se trabaje en el marco de las leyes y los programas vigentes. Es fundamental que desde el Estado se considere a lxs niñxs y adolescentes como sujetxs de derecho y no como sujetxs de tutela. En este sentido, es inaceptable que para dar charlas o capacitaciones sobre salud sexual a adolescentes, desde el Estado se solicite autorización firmada de lxs padres para el acceso a la información integral y de calidad. Esta modalidad  desoye las normativas vigentes.
La Argentina cuenta con un marco legal orientado a defender la autonomía de las mujeres y la soberanía de sus cuerpos en cuanto a tomar decisiones y poder elegir en libertad sobre su sexualidad y maternidad.  “Estos derechos deben ser defendidos y respetados como derechos humanos fundamentales y universales desde el Estado. Deben ser tenidos en cuenta en toda acción y sobre todo en todo diseño de Políticas Públicas y de Políticas de Salud, ya que la salud sexual y reproductiva es el resultado del reconocimiento y respeto de los derechos reproductivos y sexuales”, mencionan desde la Mesa.
Por último, se preguntan si “¿Se piensa en una perspectiva de Géneros a la hora de planificar en Salud en nuestra ciudad? ¿Se planifica? ¿Se gestiona?” y exigen al Director de APS que gestione salud con perspectiva de género.


Claudia Marengo


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